Esquema Nacional de Seguridad ENS
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¿Qué es el Esquema Nacional de Seguridad ENS?
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es una pieza fundamental en la protección y gestión de la seguridad de la información en España. Este marco normativo establece directrices y requisitos específicos que las organizaciones deben seguir para garantizar la seguridad de los datos y sistemas que manejan.
El ENS se origina a partir del artículo 42 de la Ley 11/2007, aunque su imperativo se precisó en el Real Decreto 3/2010, con fecha del 8 de enero, el cual establece las regulaciones del ENS en el contexto de la Administración Electrónica. Posteriormente, el Real Decreto 951/2015 introdujo modificaciones para su actualización, considerando los conocimientos acumulados y las condiciones actuales, incorporando un nuevo panorama de amenazas cibernéticas.
El principal objetivo del ENS es salvaguardar la información sensible y crítica, especialmente en sectores estratégicos como la administración pública, la defensa, la sanidad y las infraestructuras críticas. A través de una serie de políticas, procedimientos y medidas de seguridad, el ENS busca prevenir incidentes de seguridad, mitigar riesgos y asegurar la disponibilidad, integridad, confidencialidad y autenticidad de la información.
El esquema proporciona un marco coherente y estructurado que permite a las organizaciones evaluar sus riesgos de seguridad, implementar medidas adecuadas y establecer una cultura de seguridad de la información. Además, promueve la interoperabilidad y la colaboración entre diferentes entidades, lo que es esencial en un entorno cada vez más digital y conectado.
Este marco normativo se actualiza periódicamente para adaptarse a las nuevas amenazas y desafíos en el ámbito de la ciberseguridad. Las organizaciones que se adhieren al ENS no solo cumplen con las regulaciones legales, sino que también fortalecen su capacidad para proteger sus activos de información y mantener la confianza de sus clientes y socios.
¿Quién debe cumplir con los requisitos?
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en España establece requisitos y directrices de seguridad de la información que deben cumplirse principalmente en las siguientes categorías de entidades y organizaciones:
Administración Pública: Las instituciones y organismos públicos a nivel estatal, Administraciones de las Comunidades Autónomas y administración local en España están obligados a cumplir con los requisitos del ENS. Esto incluye ministerios, agencias gubernamentales, ayuntamientos y otras entidades del sector público.
Operadores de Infraestructuras Críticas (OIC): Las organizaciones que operan infraestructuras críticas, como energía, transporte, agua, salud, tecnología de la información y comunicaciones, entre otras, deben cumplir con los requisitos del ENS. El objetivo es garantizar la seguridad de estas infraestructuras vitales.
Proveedores de Servicios Electrónicos de Confianza (PSEC): Las empresas y organizaciones que ofrecen servicios electrónicos de confianza, como certificación digital, firma electrónica y sellos electrónicos, están sujetas al cumplimiento del ENS.
Entidades que gestionan información clasificada: Las organizaciones que manejan información clasificada o sensible, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad nacional, deben cumplir con el ENS para garantizar la protección adecuada de esta información.
Contratistas y proveedores de servicios: Las organizaciones privadas que prestan servicios a la Administración Pública y que manejan información sensible o crítica también pueden estar obligadas a cumplir con el ENS como parte de sus contratos con el sector público.
Es importante destacar que el ENS clasifica a las organizaciones en diferentes niveles de seguridad (básico, medio, alto, alto reforzado) según la sensibilidad de la información que manejan y la criticidad de sus servicios. Por lo tanto, los requisitos específicos pueden variar según la categoría y el nivel de seguridad requerido por cada organización.
El Esquema Nacional de Seguridad es aplicable a la Administración General del Estado, a todas las entidades tanto públicas como privadas que contraten con las administraciones públicas y a todas las administraciones de las comunidades autónomas.
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